El Gobierno de Donald Trump desistió de su intento de impedir que se contabilizaran papeletas que, según sus investigaciones, podrían corresponder a personas no ciudadanas. La decisión llegó después de varios reveses judiciales, incluido el rechazo de la Corte Suprema.
LOS ÁNGELES, California. El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó retirar la demanda que había presentado contra California para impedir que se contabilizaran aproximadamente 20,000 papeletas electorales que, según el Gobierno federal, podrían estar relacionadas con personas que no tienen ciudadanía estadounidense.
La decisión fue presentada el viernes 6 de noviembre ante un tribunal federal, pocos días después de las elecciones de medio término y tras una serie de derrotas judiciales que impidieron a la administración del presidente Donald Trump conseguir la suspensión o separación de esos votos.
La demanda buscaba obligar a las autoridades electorales de California a apartar las papeletas vinculadas con una lista de aproximadamente 20,000 personas que el Gobierno federal identificó como posibles votantes no ciudadanos, mientras se verificaba su situación migratoria.
Sin embargo, las autoridades estatales cuestionaron la confiabilidad de esa lista y advirtieron que contenía información desactualizada y nombres de ciudadanos estadounidenses con derecho legal al voto.
Los tribunales rechazaron los intentos del Gobierno federal
El caso enfrentó varios obstáculos judiciales. El juez federal David O. Carter rechazó la solicitud de emergencia del Departamento de Justicia para separar las papeletas cuestionadas, al considerar que la medida podía afectar los derechos de ciudadanos estadounidenses y alterar el desarrollo del proceso electoral.
Posteriormente, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito también rechazó la petición de la administración Trump.
El Gobierno federal llevó entonces su reclamo ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que el 2 de noviembre rechazó la solicitud de emergencia para obligar a California a separar los votos.
Después de esos fallos, el Departamento de Justicia decidió solicitar el retiro voluntario de su demanda.
En su presentación judicial, el Gobierno argumentó que el recurso que buscaba ya no podía ejecutarse porque las papeletas estaban siendo procesadas y mezcladas con los votos legales.
«El alivio que Estados Unidos buscaba y necesitaba ya no está disponible», sostuvo el Departamento de Justicia en su solicitud.
California cuestionó la lista de 20,000 personas
Las autoridades electorales de California habían rechazado desde el principio las acusaciones federales sobre la supuesta presencia de miles de votantes no ciudadanos.
El fiscal general del estado, Rob Bonta, sostuvo que la lista presentada por el Gobierno federal contenía errores y que la administración Trump no había demostrado la validez de sus señalamientos.
Bonta consideró que el retiro de la demanda representa un revés para los intentos federales de intervenir en la administración electoral del estado.
«En lugar de enfrentar ese escrutinio, decidió retirar su caso», manifestó el fiscal general al referirse a la próxima audiencia judicial en la que se examinaría la confiabilidad de la lista.
El juez Carter había designado previamente a un experto independiente para revisar la metodología utilizada por el Gobierno federal para identificar a las personas señaladas.
Esa revisión tenía previsto avanzar en una audiencia programada para el 13 de noviembre, pero el retiro de la demanda dejó sin efecto ese procedimiento dentro de este litigio.
La disputa no significa que el Gobierno abandone sus investigaciones
Aunque el Departamento de Justicia retiró esta demanda específica, la administración Trump aseguró que continuará investigando posibles infracciones a las leyes electorales.
El Gobierno federal mantiene otros procedimientos legales relacionados con la verificación de los registros de votantes de California y la supuesta inscripción de personas que no reúnen los requisitos para participar en elecciones federales.
Además, fiscales federales han presentado cargos contra decenas de residentes no ciudadanos acusados de registrarse ilegalmente para votar. Esos casos individuales deberán resolverse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.
La legislación estadounidense establece que los ciudadanos no estadounidenses no pueden votar en elecciones federales. Sin embargo, la controversia de California se centró en la confiabilidad de los datos utilizados para identificar a los presuntos infractores y en la posibilidad de apartar papeletas sin perjudicar a electores legalmente habilitados.
Un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Trump y California
El retiro de la demanda representa un nuevo episodio en el enfrentamiento entre la administración republicana de Donald Trump y las autoridades demócratas de California, particularmente sobre el control de los procesos electorales y la verificación de los registros de votantes.
El caso también reavivó el debate sobre la protección del derecho al sufragio y los límites de la intervención del Gobierno federal en elecciones administradas por los estados.
Para las comunidades inmigrantes, la controversia tiene especial relevancia debido a las preocupaciones sobre posibles errores de identificación y las consecuencias que podrían enfrentar personas señaladas equivocadamente como no ciudadanas.
Con el retiro de esta demanda, California evita que se aplique la medida federal solicitada para separar las aproximadamente 20,000 papeletas cuestionadas. No obstante, las investigaciones y otros litigios relacionados con la elegibilidad de los votantes continúan abiertos.
