Once personas fueron arrestadas y otras 17 imputadas por supuestamente registrarse para votar sin ser ciudadanos estadounidenses. El caso intensifica la disputa entre el Gobierno de Trump y las autoridades electorales de California.
LOS ÁNGELES, California. — El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos federales contra 28 residentes permanentes de California por presuntas irregularidades electorales, en una operación que aumenta la tensión política a dos semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
La operación, denominada Protect the Vote (Proteger el voto), dejó 11 personas arrestadas y otras 17 imputadas, según informó el organismo federal este lunes. Las acusaciones incluyen presunto registro fraudulento de votantes, emisión ilegal de votos y declaraciones falsas relacionadas con la ciudadanía estadounidense. Las imputaciones no constituyen condenas y los acusados se presumen inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad.
Qué sostiene el Gobierno federal
De acuerdo con los fiscales, los acusados habrían declarado falsamente ser ciudadanos estadounidenses al inscribirse en el registro electoral. Algunos también habrían votado en elecciones federales y posteriormente ocultado esos antecedentes durante sus trámites de naturalización.
El Departamento de Justicia precisó que los 28 acusados son residentes permanentes legales con green cards. Este estatus permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, pero no concede el derecho a votar en elecciones federales.
Las autoridades federales señalaron que algunos de los cargos por declaraciones falsas pueden conllevar penas máximas de hasta cinco años de prisión. Las posibles sanciones dependen del delito imputado y de lo que se determine en cada proceso judicial.
El fiscal federal adjunto Bill Essayli defendió la actuación de las autoridades y afirmó que California está enviando papeletas electorales a personas que no tienen ciudadanía estadounidense.
La disputa por más de 20,000 registros electorales
El operativo se produce después de que el Departamento de Justicia demandara a California el 15 de octubre para exigir medidas relacionadas con más de 20,000 personas que, según el Gobierno federal, podrían estar inscritas indebidamente en el padrón electoral.
La administración Trump sostiene que las autoridades estatales deben verificar la ciudadanía de esas personas y apartar sus papeletas electorales mientras se comprueba su elegibilidad.
Sin embargo, la inclusión de nombres en una lista de posibles votantes no ciudadanos no demuestra por sí sola que esas personas hayan votado ilegalmente. El litigio deberá determinar qué información respalda las sospechas y qué medidas pueden exigirse legalmente al estado.
El Gobierno federal afirma que California rechazó su solicitud de colaboración para separar las papeletas señaladas. Las autoridades estatales, por su parte, sostienen que existen mecanismos de verificación electoral y cuestionan la legalidad de las exigencias federales, especialmente por la proximidad de los comicios.
California cuestiona las acciones federales
El gobernador Gavin Newsom ha criticado la ofensiva de la administración Trump y la ha calificado como un intento de restringir el voto de los californianos.
El conflicto va más allá de los 28 casos penales. La disputa también abarca el acceso federal a los registros electorales, la verificación de la ciudadanía y la posibilidad de apartar papeletas antes de las elecciones.
Los funcionarios federales presentan la operación como una medida para proteger la integridad electoral. Las autoridades estatales advierten sobre los riesgos de modificar o cuestionar registros electorales a pocos días de la votación.
Hasta ahora, los cargos anunciados contra las 28 personas no demuestran por sí solos la existencia de un fraude electoral generalizado en California.
Un caso bajo atención antes del 3 de noviembre
La controversia adquiere relevancia por la cercanía de las elecciones de medio mandato, en las que los estadounidenses elegirán a los integrantes de la Cámara de Representantes y a parte del Senado.
California es uno de los estados con mayor peso político y electoral del país. Por ello, las disputas sobre sus registros de votantes y el alcance de la intervención federal podrían tener consecuencias más amplias sobre la seguridad y la administración de las elecciones.
El desarrollo del proceso judicial será determinante para establecer si las acusaciones individuales pueden probarse y qué decisiones adoptarán los tribunales sobre las solicitudes del Gobierno federal.
