WASHINGTON — La Suprema Corte de Estados Unidos permitió este viernes al Gobierno de Estados Unidos utilizar, temporalmente, una base de datos federal de inmigración para ayudar a los estados a verificar la ciudadanía de personas registradas para votar.
La decisión judicial puede tener repercusiones en las elecciones de medio término, programadas para el 3 de noviembre próximo.
Los magistrados, por una votación de 6-3, suspendieron temporalmente una orden de un tribunal inferior que impedía al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ampliar el uso del sistema conocido como Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE) para comparar información de los registros electorales estatales con datos federales.
La decisión no constituye un fallo definitivo sobre la legalidad del programa. La Corte intervino mientras continúa el proceso judicial sobre el alcance de las facultades del gobierno federal y las posibles consecuencias para los votantes.
Trump busca reforzar la verificación de ciudadanía
La administración Trump sostiene que el mecanismo permitirá detectar a personas que no son ciudadanas estadounidenses y que pudieran estar registradas para votar.
El gobierno ha presentado la medida como parte de su estrategia para proteger la integridad de las elecciones. Sin embargo, organizaciones defensoras del derecho al voto y otros críticos advierten que los cruces de bases de datos pueden generar errores y afectar a ciudadanos que tienen derecho a votar, pero que puedan simpatizar con el Partido Demócrata.
Reuters informó que la administración busca realizar verificaciones utilizando, entre otros datos, números del Seguro Social y registros federales de inmigración.
Trump ha convertido la lucha contra el supuesto voto de personas no ciudadanas en uno de los argumentos centrales de su política electoral. No obstante, investigaciones y auditorías electorales han encontrado que el voto de personas no ciudadanas es poco frecuente.
La decisión impactará antes de las elecciones de noviembre
El fallo llega mientras Estados Unidos se prepara para las elecciones de medio término de 2026, en las que estarán en juego el control del Congreso y numerosos cargos estatales y locales.
La administración federal podrá avanzar temporalmente con el uso ampliado de la base de datos mientras continúa la disputa legal.
La mayoría conservadora de la Corte consideró que mantener bloqueado el programa perjudicaría los esfuerzos del gobierno federal para ayudar a las autoridades estatales y locales en la preparación de las elecciones.
«Las circunstancias pesan a favor de suspender la orden del tribunal inferior», señaló la mayoría de la Corte en su resolución. Los tres magistrados liberales votaron en contra de la decisión.
Preocupación por posibles errores
Los opositores al programa sostienen que la utilización de bases de datos federales para revisar los padrones electorales puede producir coincidencias incorrectas.
El temor es que ciudadanos estadounidenses aparezcan erróneamente como personas cuya ciudadanía debe ser verificada y enfrenten obstáculos para ejercer su derecho al voto.
La controversia también plantea interrogantes sobre el manejo de información personal y sobre hasta dónde puede llegar el gobierno federal en la administración de elecciones que, en gran medida, son gestionadas por los estados.
La medida no autoriza una depuración inmediata de los padrones
La decisión de la Suprema Corte tampoco significa que los estados puedan eliminar automáticamente a personas de sus registros electorales.
Una ley federal, la National Voter Registration Act, establece restricciones para realizar determinadas depuraciones de los padrones durante los 90 días previos a una elección.
Por ello, el alcance práctico de la decisión dependerá también de cómo los estados utilicen la información proporcionada por el gobierno federal y de los nuevos litigios que puedan surgir.
Una batalla judicial que continuará
La decisión representa una victoria temporal para la administración Trump, pero la disputa sobre el sistema SAVE todavía no termina.
El caso enfrenta dos posiciones: por un lado, el gobierno federal defiende un mayor intercambio de información para verificar la elegibilidad de los votantes; por otro, sus críticos advierten sobre posibles errores, privacidad y afectaciones al derecho al voto.
Con las elecciones de noviembre cada vez más cerca, el tema podría convertirse en uno de los principales frentes de batalla entre la administración Trump, los estados y las organizaciones defensoras del derecho al voto.
Para la comunidad latina
La decisión merece especial atención entre los votantes latinos, ciudadanos naturalizados y personas que tienen familiares inmigrantes, debido a que el sistema utiliza información relacionada con registros federales de inmigración y ciudadanía.
Sin embargo, no significa que los inmigrantes puedan ser automáticamente eliminados de los registros electorales ni que una persona pierda su derecho al voto por tener antecedentes migratorios familiares.
El punto central del litigio es el uso de información federal para verificar la elegibilidad de quienes aparecen registrados para votar.
Vision360News continuará dando seguimiento a las próximas decisiones judiciales y a las consecuencias que esta medida pueda tener de cara a las elecciones de medio término de noviembre.
