California y otros estados, junto con grandes ciudades, acudieron a los tribunales para bloquear una nueva política de la administración Trump que podría afectar a los inmigrantes que, al solicitar su residencia permanente, hagan uso de ciertos beneficios públicos.
Estados y ciudades de Estados Unidos demandaron al gobierno del presidente Donald Trump para intentar frenar una nueva regla migratoria que podría afectar a inmigrantes que, al solicitar residencia permanente, utilizan determinados programas de asistencia pública.
La regla establece, en esencia, que un funcionario de migración puede determinar si una persona es inadmisible a la residencia permanente por ser considerada una posible “carga pública”.
Para ello deberá analizar factores como:
Edad, salud, situación familiar, recursos económicos y situación financiera, educación y habilidades, posibilidad de empleo y uso o recepción de determinados beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos.
La norma fue emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y está programada para entrar en vigor este viernes 18 de septiembre.
La medida revive una política impulsada durante el primer mandato de Trump y posteriormente modificada por la administración de Joe Biden.
California se suma a la demanda
California forma parte de una coalición de 22 estados y el Distrito de Columbia que presentó la demanda contra la nueva política.
Nueva York e Illinois encabezan la acción legal junto con California.
Los demandantes sostienen que la norma puede generar incertidumbre entre las familias inmigrantes. También advierten que muchas personas podrían dejar de solicitar ayuda pública por temor a perjudicar sus trámites migratorios.
Entre los beneficios que podrían ser considerados están programas de alimentación, atención médica y asistencia para vivienda, según la interpretación de la nueva política.
La demanda sostiene que el gobierno federal no estableció límites suficientemente claros sobre qué beneficios podrían influir en una solicitud de residencia.
Nueva York, Chicago y San Francisco también demandan
En una segunda demanda participan seis ciudades y condados.
Entre ellos están Nueva York, Chicago, San Francisco y Seattle.
Los gobiernos locales argumentan que la nueva política puede provocar que las familias inmigrantes eviten programas que necesitan para alimentarse, recibir atención médica o mantener una vivienda.
También advierten que el temor puede afectar a hogares donde existen niños ciudadanos estadounidenses.
¿Qué significa para los inmigrantes?
La nueva regla se relaciona con el concepto migratorio de “carga pública”.
En términos generales, los funcionarios de inmigración pueden evaluar si una persona que solicita ciertos beneficios migratorios podría convertirse principalmente en dependiente del gobierno.
La nueva política amplía nuevamente los factores que pueden ser considerados en ese análisis.
Durante la administración Biden, la definición fue más limitada y excluyó beneficios no monetarios como ciertos programas de alimentación y Medicaid.
La nueva regla busca volver a considerar algunos de esos beneficios.
Esto no significa que utilizar Medicaid, ayuda alimentaria u otro programa provoque automáticamente la pérdida de una Green Card o la deportación. El efecto dependerá del tipo de trámite, las circunstancias individuales y la evaluación migratoria correspondiente.
Estados advierten sobre el temor entre las familias
Los gobiernos que presentaron las demandas consideran que la política puede tener un efecto adicional: provocar que inmigrantes dejen de utilizar beneficios a los que tienen derecho.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó que la norma puede obligar a las familias inmigrantes a escoger entre recibir asistencia necesaria y avanzar hacia un estatus migratorio legal.
Los estados también argumentan que el gobierno federal excedió sus facultades y que la nueva política viola la Ley de Procedimientos Administrativos.
El gobierno de Trump defiende la medida
El Departamento de Seguridad Nacional defiende la nueva política.
La administración sostiene que busca evitar que personas que dependen de programas públicos obtengan determinados beneficios migratorios sin demostrar capacidad para mantenerse económicamente.
El DHS también ha criticado a los estados y ciudades que presentaron las demandas.
Ahora serán los tribunales federales los que deberán determinar si la nueva política puede entrar en vigor o si será bloqueada mientras avanzan los procesos judiciales.
Una nueva batalla migratoria
La disputa abre otro frente entre la administración Trump y estados como California sobre la política migratoria.
Para millones de inmigrantes, el caso será seguido de cerca porque puede definir hasta dónde puede llegar el gobierno federal al considerar el uso de programas públicos en determinados trámites migratorios.
Por ahora, la recomendación para los inmigrantes es no asumir que el simple hecho de utilizar un beneficio público significa automáticamente perder un beneficio migratorio. Cada caso depende de las circunstancias y del trámite específico.
