Los Ángeles, 30 de septiembre de 2026 | 4:19 pm PT

ICE oculta ubicación de detenidos y aumenta incertidumbre para mexicanos y centroamericanos

Ocultar la ubicación de los detenidos dificulta que los familiares puedan localizarlos.

La medida dificulta que familiares y abogados localicen a inmigrantes con órdenes finales de deportación y puede complicar recursos legales de última hora.

WASHINGTON — El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) dejó de publicar en su sistema de localización la ubicación de miles de inmigrantes detenidos que tienen órdenes finales de deportación.

La medida está generando preocupación entre abogados, familiares y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.

El cambio entró en vigor el 15 de septiembre y no fue anunciado públicamente por la agencia. ICE comenzó a retirar del sistema a personas que se encuentran bajo custodia y tienen una orden final de expulsión.

La decisión puede tener especial impacto entre comunidades inmigrantes de México y Centroamérica, debido a la magnitud de estos grupos dentro de la población inmigrante de Estados Unidos y a que muchas familias dependen del sistema de ICE para conocer el paradero de un familiar detenido.

Familias sin saber de sus seres queridos detenidos por ICE

El sistema de localización de detenidos de ICE fue creado para permitir que familiares, abogados y otras personas puedan conocer dónde permanece una persona bajo custodia migratoria.

Ahora, cuando un detenido tiene una orden final de deportación, su información puede desaparecer del sistema.

Abogados de inmigración consultados dijeron que algunos de sus clientes desaparecieron de la plataforma sin explicación. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración también alertó a sus miembros sobre el cambio.

La situación puede ser especialmente angustiante para familias mexicanas y centroamericanas que viven en diferentes estados del país y que, en muchos casos, tienen dificultades para obtener información directamente de las autoridades.

“Si no puedes encontrar a tu cliente, no sabes qué está pasando con él y no puedes proporcionar esa información al tribunal para detener su expulsión.”

La advertencia fue formulada por una abogada al explicar las dificultades que la nueva práctica puede generar para la defensa legal.

Casi 16,000 detenidos tenían órdenes finales en julio

Los datos obtenidos por el Deportation Data Project, con base en información de ICE, muestran que cerca de 16,000 personas detenidas y registradas por ICE en julio tenían órdenes finales de deportación. Esa cifra representó más de un tercio de todas las personas ingresadas en custodia de ICE durante ese mes.

ICE mantiene actualmente a más de 65,000 personas bajo custodia migratoria, según los datos más recientes citados por AP.

Sin embargo, tener una orden final de deportación no significa necesariamente que una persona haya perdido todas las posibilidades legales.

Algunos detenidos todavía pueden intentar reabrir sus casos, presentar recursos ante tribunales federales o cuestionar las condiciones de su detención. También existen casos en los que una persona puede tener protección frente a la deportación hacia un determinado país por riesgo de persecución o tortura.

El cambio puede acelerar las deportaciones

Organizaciones de inmigración consideran que ocultar la ubicación de los detenidos puede dificultar la presentación de recursos de emergencia.

El problema es especialmente delicado cuando ICE traslada rápidamente a una persona entre centros de detención o cuando existe la posibilidad de que sea deportada a un tercer país.

En esos casos, los abogados necesitan saber dónde se encuentra su cliente para presentar una solicitud ante un tribunal o intentar detener la deportación.

La nueva práctica puede reducir ese margen de reacción.

ICE, por su parte, no confirmó ni negó públicamente el cambio. En declaraciones recogidas por AP, la agencia señaló que está dando prioridad a los detenidos con órdenes finales de deportación, mientras enfrenta un número elevado de órdenes judiciales que bloquean determinadas expulsiones.

Una preocupación especial para las familias latinas

Para las comunidades mexicanas y centroamericanas, el cambio representa otra fuente de incertidumbre dentro del endurecimiento de las políticas migratorias de la administración Trump.

La preocupación no se limita al momento de la detención. También alcanza a lo que ocurre después: dónde está la persona, si fue trasladada, si continúa bajo custodia, si puede hablar con su abogado y si existe todavía alguna vía legal para evitar su deportación.

El sistema oficial de ICE continúa permitiendo buscar a determinados detenidos mediante nombre, país de nacimiento y fecha de nacimiento, o mediante el número A asignado por las autoridades migratorias. Sin embargo, la nueva política limita esa información para quienes tienen órdenes finales de expulsión.

California tiene una excepción importante

La medida tampoco se aplica de la misma manera en todos los centros.

Entre las excepciones se encuentra el centro de detención de Adelanto, California, además de determinadas instalaciones en Minneapolis, Nueva York y el área de Chicago, donde decisiones judiciales han obligado a ICE a mantener información sobre los detenidos en el sistema de localización.

Para los familiares que buscan a una persona detenida, las autoridades recomiendan utilizar el sistema oficial de localización de ICE y, si el nombre no aparece, comunicarse con la oficina regional de Enforcement and Removal Operations (ERO) correspondiente.

Más presión sobre las familias inmigrantes

La decisión llega en un momento de fuerte expansión de las operaciones de control migratorio en Estados Unidos.

Para miles de familias mexicanas y centroamericanas, conocer el paradero de un familiar detenido puede ser fundamental para conseguir representación legal y determinar rápidamente si existe una posibilidad de detener o revisar una deportación.

La nueva política convierte esa búsqueda en un proceso más difícil y, según abogados de inmigración, puede reducir el tiempo disponible para actuar ante los tribunales.

La controversia ahora se centra en si la política permitirá a ICE acelerar las deportaciones a costa de reducir la transparencia y dificultar el acceso de los detenidos a sus abogados y familiares.

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