WASHINGTON — La administración Trump ha ampliado la deportación de migrantes a terceros países, incluso cuando esas personas no tienen vínculos con esas naciones. Por ello, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito rechazó la política migratoria por el presidente.
Una investigación publicada este lunes reveló que Estados Unidos ha enviado a más de 25,000 migrantes a terceros países desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025.
Los traslados se realizaron mediante acuerdos con al menos 35 países, según la investigación. El programa contempla además más de 410 millones de dólares destinados a respaldar estos acuerdos.
¿Qué son las deportaciones a terceros países?
La política permite que Estados Unidos envíe a una persona deportada a un país diferente de aquel del que es ciudadano.
El mecanismo ha sido utilizado cuando Washington enfrenta dificultades para devolver directamente a determinados migrantes a sus países de origen.
Entre los países utilizados para recibir deportados aparecen México, Uganda y otras naciones de África, América Latina y el Caribe.
La investigación señala que algunos de los deportados no tenían antecedentes criminales y que, en determinados casos, jueces de inmigración habían reconocido previamente que enfrentaban riesgos si eran enviados directamente a sus países de origen.
Un tribunal cuestiona la política de Trump
El programa enfrenta ahora un importante obstáculo judicial.
El viernes pasado, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos rechazó la política que permitía realizar deportaciones rápidas a terceros países sin brindar a los inmigrantes una oportunidad adecuada para presentar objeciones relacionadas con su seguridad.
El tribunal sostuvo que los afectados deben tener una oportunidad significativa para explicar por qué podrían enfrentar persecución, tortura u otros peligros en el país al que serían enviados.
La decisión representa un revés para la administración Trump, aunque el gobierno puede continuar buscando vías legales para mantener el programa mientras avanza el proceso judicial.
Los inmigrantes deben tener oportunidad de defenderse
El principal cuestionamiento judicial no se centra únicamente en el país de destino.
La controversia también gira alrededor del debido proceso.
Los tribunales han señalado que una persona no debe ser trasladada rápidamente a un tercer país sin conocer previamente el destino y sin contar con una oportunidad real para presentar una reclamación de protección.
En palabras de la decisión judicial, los inmigrantes deben tener una “oportunidad significativa para impugnar” la deportación cuando exista un temor relacionado con su seguridad.
Esto adquiere especial importancia para personas que podrían ser enviadas a países donde nunca han vivido y con los que no mantienen vínculos familiares o sociales.
Más de 25,000 personas ya fueron trasladadas
La investigación difundida este lunes revela la magnitud que ha alcanzado el programa.
Desde enero de 2025, más de 25,000 personas habrían sido enviadas a terceros países mediante acuerdos establecidos por la administración Trump.
Los convenios involucran a por lo menos 35 gobiernos extranjeros y, según la investigación, Estados Unidos ha comprometido más de 410 millones de dólares para apoyar esta estrategia.
El gobierno estadounidense sostiene que los acuerdos forman parte de su estrategia para acelerar las deportaciones y hacer cumplir las leyes migratorias.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los inmigrantes cuestionan la falta de transparencia y los riesgos que enfrentan algunas de las personas trasladadas.
Una política que podría afectar a inmigrantes en Estados Unidos
Para los inmigrantes que enfrentan una orden de deportación, la política introduce una nueva incertidumbre.
Una persona que no pueda ser enviada inmediatamente a su país de origen podría terminar en otra nación con la que nunca tuvo relación.
Por ello, los abogados de inmigración consideran especialmente importante que los afectados conozcan su destino y puedan presentar cualquier temor de persecución o peligro antes de ser trasladados.
La batalla legal continuará mientras la administración Trump defiende su autoridad para aplicar la política y los tribunales evalúan los límites constitucionales y legales de estas deportaciones.
El programa de terceros países se ha convertido así en uno de los nuevos frentes de la ofensiva migratoria de Trump y en una batalla judicial que podría definir hasta dónde puede llegar el gobierno estadounidense con las deportaciones.
