LOS ÁNGELES — El gobierno del presidente Donald Trump intensificó la investigación sobre posibles casos de voto ilegal en el condado de Los Ángeles al enviar cinco citaciones de un gran jurado federal que solicitan información sobre votantes individuales.
Los documentos, parcialmente censurados y obtenidos mediante una solicitud de registros públicos, muestran que las citaciones forman parte de una investigación criminal, dirigida por agentes de Homeland Security Investigations (HSI), para identificar posibles casos de personas no ciudadanas que hayan votado ilegalmente en elecciones estadounidenses.
Las citaciones fueron emitidas por el Tribunal Federal del Distrito Central de California y enviadas a la oficina del Registro-Registrador del Condado de Los Ángeles, dirigida por Dean Logan, a petición de fiscales federales.
Cinco citaciones solicitan información electoral
Cuatro de las cinco citaciones, una emitida el 13 de julio y otras tres el 10 de septiembre, solicitan los registros originales y sin censura de determinados votantes desde el 1 de enero de 2020 hasta la actualidad.
Los documentos incluyen datos como el expediente de inscripción electoral, direcciones registradas, historial y método de votación y declaraciones relacionadas con la ciudadanía.
Una quinta citación, emitida el 31 de julio, solicita información similar sobre un solo votante. En este caso, el documento especifica que no debe incluirse el contenido de la boleta ni la selección de los candidatos o medidas por los que votó esa persona.
Las listas de nombres fueron censuradas por funcionarios del condado, por lo que no se conoce públicamente cuántas personas aparecen en cada una.
El condado cuestiona la información utilizada
El Registro Electoral del condado confirmó que está cumpliendo con las citaciones federales, aunque su director, Dean Logan, expresó preocupación porque algunas de las personas incluidas en las listas podrían haber sido identificadas utilizando información incorrecta o desactualizada.
Logan señaló que el condado debe responder legalmente a las citaciones, pero no ha recibido suficiente información del gobierno federal para conocer cómo fueron seleccionados los nombres.
“Estamos respondiendo apropiadamente según lo ordenado mediante una citación”, explicó Logan, aunque advirtió que el procedimiento no permite al condado conocer los antecedentes utilizados para determinar qué votantes están siendo investigados.
El caso coloca al principal condado de California en medio de una ofensiva federal más amplia sobre los registros electorales, impulsada por la administración Trump antes de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre de 2026.
Trump insiste en el voto de personas no ciudadanas
El presidente Trump ha sostenido durante años que el voto ilegal de personas no ciudadanas representa un problema extendido en Estados Unidos.
Sin embargo, expertos electorales reconocen que pueden existir casos individuales de voto ilegal, pero consideran que el fenómeno es extremadamente poco frecuente y no existe evidencia de un fraude masivo de ciudadanos extranjeros que pueda poner en duda el resultado de las elecciones estadounidenses.
En julio, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó sin presentar pruebas que podría haber más de 190,000 personas no ciudadanas en los registros electorales de California. Funcionarios estatales rechazaron esa afirmación por considerarla infundada.
California tiene más de 23 millones de votantes registrados, según datos citados por el Los Angeles Times.
Un caso de fraude electoral ya llegó a los tribunales
La investigación federal no se limita a la revisión de registros.
En septiembre, fiscales federales anunciaron el arresto de Darwin Jonathan Rivera-Flores, un ciudadano hondureño de 30 años, acusado de declarar falsamente que era ciudadano estadounidense y de registrarse fraudulentamente para votar.
Rivera-Flores se declaró no culpable y permanece en libertad bajo fianza mientras continúa el proceso judicial.
El primer fiscal federal adjunto de Los Ángeles, Bill Essayli, ha convertido la persecución del fraude electoral en una de las prioridades de su oficina. Tras anunciar el caso de Rivera-Flores, afirmó que se trataba del “primero de muchos”.
El Departamento de Justicia también anunció recientemente cargos contra otros 16 no ciudadanos en seis estados por presuntos delitos relacionados con votación ilegal y otros actos electorales.
California mantiene sus propias reglas electorales
La ofensiva federal se produce en un momento de creciente enfrentamiento entre la administración Trump y California por el control y la seguridad de las elecciones.
El estado ha rechazado varias de las iniciativas impulsadas por Washington. La secretaria de Estado de California, Shirley N. Weber, afirmó recientemente que una decisión de la Corte Suprema que permite al gobierno federal ampliar el uso de una base de datos para verificar la elegibilidad de votantes no modifica las reglas electorales de California para las elecciones de 2026.
California también ha aprobado nuevas medidas para proteger la administración electoral estatal frente a posibles interferencias federales.
Mientras tanto, el condado de Los Ángeles continúa obligado a entregar la información solicitada mediante las citaciones federales.
La disputa coloca nuevamente a Los Ángeles en el centro del enfrentamiento nacional sobre integridad electoral, privacidad de los votantes y límites de la intervención federal en las elecciones estatales y locales.
