El fiscal general Rob Bonta pidió a un tribunal federal frenar el intento de separar hasta 20,000 papeletas asociadas a posibles votantes no ciudadanos. La disputa se intensifica a menos de dos semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
LOS ÁNGELES.— California intensificó su enfrentamiento con la Administración del presidente Donald Trump por las acusaciones de presunto fraude electoral, el cual busca frenar por la vía judicial.
El fiscal general Rob Bonta solicitó a un tribunal federal bloquear los esfuerzos de Trump para apartar hasta 20,000 papeletas relacionadas con personas cuya ciudadanía está en duda.
En un escrito presentado el martes 20 de octubre, Bonta cuestionó los fundamentos de la demanda federal y sostuvo que las autoridades de Washington no han demostrado que la lista entregada al estado identifique de manera fiable a votantes no elegibles.
El enfrentamiento se produce a menos de dos semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que los estadounidenses elegirán a los integrantes de la Cámara de Representantes y a una parte del Senado.
Justicia acusa a 28 residentes de delitos electorales
La disputa se intensificó el lunes 19 de octubre, cuando el Departamento de Justicia anunció cargos federales contra 28 residentes permanentes legales de California, todos titulares de la llamada green card, por presuntas irregularidades relacionadas con el registro o la participación en elecciones estadounidenses.
Las autoridades informaron que 11 de los acusados habían sido arrestados y que los otros 17 serían buscados para comparecer ante la justicia.
Según los fiscales, los casos incluyen presuntos registros fraudulentos para votar y declaraciones falsas en solicitudes de naturalización. Veintiuno de los acusados son señalados de haber emitido votos en elecciones anteriores, mientras que los cargos varían según cada caso.
Los residentes permanentes pueden vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, pero no pueden votar en elecciones federales por el solo hecho de tener ese estatus migratorio.
El Departamento de Justicia presentó la operación bajo el nombre de Operation Protect the Vote y sostuvo que los casos justifican una revisión más estricta de los registros electorales.
Sin embargo, las acusaciones deberán ser examinadas en los tribunales y no equivalen a condenas. Algunos de los detenidos han manifestado que no recuerdan haberse registrado para votar o niegan haber cometido las conductas que se les atribuyen.
California rechaza las acusaciones de fraude generalizado
Bonta sostiene que los casos anunciados por el Gobierno federal no demuestran la existencia de un problema generalizado de fraude electoral en California, que cuenta con aproximadamente 23 millones de votantes registrados.
El fiscal general también cuestionó la fiabilidad de los datos federales utilizados para identificar a supuestos votantes no ciudadanos y defendió la actuación de las autoridades estatales.
La Administración Trump, por su parte, argumenta que los funcionarios electorales deben verificar la ciudadanía de las personas señaladas y evitar que se contabilicen votos de quienes no cumplen los requisitos legales.
El Departamento de Justicia afirma haber identificado a más de 20,000 personas que considera posibles no ciudadanas registradas para votar en California. El estado cuestiona la metodología y la suficiencia de las pruebas presentadas para justificar que sus papeletas sean apartadas.
La diferencia central entre ambas posiciones es si la información federal resulta suficiente para intervenir en el procesamiento de los votos antes de que se confirme individualmente la elegibilidad de cada persona.
La batalla legal llega a la recta final electoral
El 15 de octubre, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra California para exigir medidas relacionadas con la lista de presuntos votantes no ciudadanos. Posteriormente, funcionarios federales advirtieron que los empleados electorales podrían enfrentar consecuencias legales si, a sabiendas, contabilizan votos emitidos ilegalmente.
California y las autoridades del condado de Los Ángeles han respondido que las solicitudes federales carecen de justificación suficiente y deben resolverse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.
El caso plantea interrogantes sobre los límites de la intervención federal en la administración electoral, una responsabilidad que recae principalmente en los estados, dentro del marco de la legislación federal y la Constitución estadounidense.
También abre un debate sobre cómo verificar la elegibilidad de los votantes sin excluir indebidamente a ciudadanos que tienen derecho a participar en las elecciones.
La disputa continuará en los tribunales mientras se aproxima el 3 de noviembre, fecha en la que millones de estadounidenses acudirán a las urnas para renovar parte del Congreso.
Por ahora, las acusaciones contra los 28 residentes y las afirmaciones federales sobre miles de registros potencialmente irregulares no constituyen, por sí mismas, una demostración de fraude electoral generalizado en California.
