California y otros seis estados demandaron a la administración Trump por intentar retener unos $810 millones aprobados por el Congreso, en una nueva disputa sobre el poder presidencial para decidir cómo se gastan los recursos federales.
OAKLAND, California — California abrió una nueva batalla judicial contra el presidente Donald Trump, al encabezar una demanda contra su administración por la retención de aproximadamente $810 millones en fondos federales aprobados por el Congreso.
La demanda fue presentada por el fiscal general de California, Rob Bonta, junto con sus homólogos de Maine, Maryland, Michigan, Nevada, Nuevo México y Oregón, ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California.
Los estados sostienen que la administración Trump actuó de manera ilegal al intentar impedir el uso de recursos que ya habían sido autorizados por el Congreso.
California acusa a Trump de exceder su autoridad
El conflicto gira alrededor de una maniobra conocida como “pocket rescission”, mediante la cual la Casa Blanca solicitó cancelar fondos cuando faltaban pocos días para que terminara el año fiscal.
Los estados argumentan que esta estrategia permite que los fondos expiren antes de que el Congreso tenga tiempo suficiente para pronunciarse sobre la solicitud presidencial.
Según California, el procedimiento viola la separación de poderes y las disposiciones constitucionales que otorgan al Congreso el control sobre el gasto público.
La administración Trump anunció el 25 de septiembre que buscaría cancelar $810 millones que, según la Casa Blanca, no beneficiaban a los ciudadanos estadounidenses.
Los recursos están relacionados con programas vinculados con inmigración, educación y asuntos de derechos civiles, entre otras áreas.
Bonta acusa a Trump de ignorar el poder del Congreso
Bonta afirmó que el presidente no puede decidir unilateralmente qué programas financiados por el Congreso deben recibir o no los recursos.
“El Congreso tiene el poder del bolsillo”, afirmó Bonta al defender la demanda y cuestionar la decisión de la administración Trump.
El fiscal general de California sostuvo que la Constitución establece que corresponde al Congreso autorizar el gasto federal y que el Ejecutivo debe ejecutar esas decisiones.
La demanda sostiene que la retención de los fondos viola las cláusulas constitucionales relacionadas con la separación de poderes, las asignaciones presupuestarias y la presentación de leyes, además de la Ley de Procedimientos Administrativos.
La Casa Blanca defiende la cancelación de fondos
La administración Trump ha argumentado que los programas afectados no representan una prioridad para el gobierno federal.
Según la posición de la Casa Blanca, algunos de los programas financiados con estos recursos favorecen la inmigración ilegal, profundizan las divisiones raciales o promueven políticas ambientales que la administración considera extremas.
La disputa podría convertirse en un nuevo enfrentamiento judicial sobre hasta dónde llega la autoridad del presidente para impedir el gasto de dinero que el Congreso ya aprobó.
El caso también ocurre cuando California y la administración Trump mantienen numerosos litigios relacionados con inmigración, educación, medioambiente, elecciones y fondos federales.
Una nueva batalla entre California y Trump
La demanda forma parte de una estrategia más amplia de California para bloquear decisiones de la administración Trump que, según las autoridades estatales, exceden las facultades del Poder Ejecutivo.
El fiscal general Bonta ha señalado que su oficina ha recurrido repetidamente a los tribunales para proteger fondos federales destinados a educación, cuidado infantil, salud, transporte, seguridad pública y otros programas.
California afirma que en disputas anteriores ha logrado impedir o limitar varias decisiones de la administración federal sobre fondos destinados al estado.
Ahora, los siete estados buscan que un juez determine que la administración Trump no puede retener unilateralmente los fondos aprobados por el Congreso y ordene que los recursos sean puestos a disposición de los programas correspondientes.
Hasta el miércoles 30 de septiembre la Casa Blanca no había respondido públicamente a la nueva demanda.
