WASHINGTON — Un juez federal bloqueó una regla de la administración de Donald Trump que buscaba exigir controles sobre el estatus migratorio de las personas que utilizan determinados programas financiados con fondos federales.
La decisión afecta una medida que habría restringido el acceso de determinados inmigrantes a programas como Head Start, educación para adultos y centros comunitarios de salud.
La jueza federal Mary McElroy, del Tribunal del Distrito de Rhode Island, determinó que el gobierno violó los procedimientos administrativos al implementar la medida sin cumplir con los requisitos de notificación y participación pública establecidos por la ley.
La regla habría afectado a millones de personas
La administración Trump había reinterpretado una ley federal de 1996 para ampliar las restricciones sobre inmigrantes que reciben determinados servicios financiados por el gobierno.
Bajo la nueva política, los programas federales quedarían principalmente disponibles para ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes, refugiados, personas con asilo y determinadas categorías humanitarias.
La medida también habría dejado fuera a varios grupos de inmigrantes con estatus legal, incluidos algunos beneficiarios del TPS, personas con visas de estudiante o trabajo y determinados solicitantes de asilo.
El gobierno pretendía que los estados y proveedores verificaran el estatus migratorio de las personas antes de permitirles acceder a determinados servicios.
Salud, educación y programas para niños
Uno de los principales puntos de preocupación era el impacto sobre los centros comunitarios de salud para niños.
Estados Unidos cuenta con más de 17,000 centros comunitarios de salud financiados con apoyo federal. Estos centros atienden a millones de personas, incluidas comunidades de bajos ingresos y numerosos pacientes inmigrantes.
La aplicación de la regla habría obligado a los proveedores a verificar documentación migratoria antes de permitir el acceso a determinados servicios.
También habría afectado programas de educación para adultos y Head Start, destinado a niños pequeños de familias de bajos ingresos.
La decisión judicial bloquea la aplicación de la regla
La demanda fue presentada por Wisconsin y otros 20 estados, que cuestionaron la legalidad de la medida y advirtieron que su aplicación impondría una carga administrativa considerable a los proveedores.
La jueza McElroy, del Tribunal del Distrito de Rhode Island, concluyó que el gobierno no cumplió con el procedimiento de notificación y comentarios públicos requerido antes de establecer la nueva política.
Por ahora, la decisión impide que el gobierno implemente o haga cumplir la regla.
Sin embargo, el fallo no impide que la administración Trump intente establecer nuevamente restricciones similares si cumple con los procedimientos administrativos establecidos por la ley.
Preocupación entre las familias inmigrantes
Organizaciones y proveedores de servicios habían advertido que la medida podía provocar que inmigrantes elegibles dejaran de acudir a clínicas, centros educativos y otros programas por temor a que se les exigiera demostrar su estatus migratorio.
El impacto también podía alcanzar a personas con estatus legal que no necesariamente estaban excluidas de los programas, pero que podían enfrentar dificultades para demostrar documentalmente su elegibilidad.
Un analista del Migration Policy Institute señaló que algunos programas de educación para adultos ya habían tenido problemas para implementar las nuevas exigencias y que algunos estudiantes fueron excluidos por dificultades relacionadas con la documentación.
El gobierno podría intentar nuevamente
El Departamento de Educación criticó el fallo y defendió la política de la administración Trump.
Un portavoz calificó la decisión como una traición a los contribuyentes estadounidenses y sostuvo que el caso forma parte de una disputa política sobre el uso de recursos públicos.
Por ahora, el Departamento de Justicia no ha confirmado públicamente si apelará la decisión o si las agencias federales prepararán una nueva regulación.
La resolución representa, sin embargo, un nuevo revés judicial para la agenda migratoria de la administración Trump.
Para las familias inmigrantes, la decisión significa que la regla bloqueada no puede aplicarse en este momento, pero la disputa legal y política todavía no ha terminado.
