Los abogados de Carlos Jiménez preparan una demanda contra el Gobierno federal por presunta persecución maliciosa y abuso del proceso judicial. El Departamento de Justicia sostiene que el caso fue cerrado después de que el ciudadano cumpliera un acuerdo con la Fiscalía.
ONTARIO, California. Los fiscales federales retiraron los cargos de agresión contra Carlos Jiménez, ciudadano estadounidense que recibió un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en octubre de 2025, en la ciudad de Ontario, California.
La decisión, adoptada el lunes y conocida públicamente el jueves 5 de noviembre, pone fin al proceso penal contra Jiménez, pero abre un nuevo capítulo judicial. Sus abogados anunciaron que presentarán una demanda contra el Gobierno federal por presunta persecución maliciosa y abuso del proceso legal.
El caso generó controversia porque existen dos versiones diferentes sobre lo ocurrido durante el encuentro entre Jiménez y los agentes migratorios.
Abogados denuncian irregularidades en el proceso
Greg Jackson, abogado de derechos civiles de Jiménez, sostiene que su representado no representaba una amenaza para los agentes y que el proceso penal carecía de fundamento.
El abogado afirmó que los fiscales mantuvieron una acusación sin causa probable y que la demanda buscará establecer responsabilidades por la actuación de los funcionarios federales.
La defensa también cuestionó la falta de mensajes de texto y otras comunicaciones del agente que disparó contra Jiménez. Los abogados habían solicitado esos documentos como parte de su estrategia judicial.
En mayo de 2026, una jueza federal ordenó al Gobierno entregar las comunicaciones relacionadas con el incidente o presentar una declaración jurada del agente si esos registros no existían.
El Departamento de Justicia ofrece otra explicación
El Departamento de Justicia sostiene que Jiménez aceptó un acuerdo de desvío procesal, mediante el cual debía mantener buena conducta para que posteriormente se retiraran los cargos.
El portavoz del Departamento de Justicia, Ciaran McEvoy, explicó que el ciudadano cumplió con las condiciones acordadas y que la Fiscalía respetó su parte del compromiso.
Las autoridades federales también recordaron que un gran jurado había encontrado causa probable para acusarlo de agredir a un agente federal utilizando su vehículo.
Por tanto, la desestimación de los cargos no equivale a una declaración judicial de que los agentes actuaron ilegalmente.
Dos versiones sobre el tiroteo
El incidente ocurrió el 30 de octubre de 2025, cuando Jiménez se encontró con agentes federales que realizaban una operación migratoria en Ontario.
Según sus abogados, el hombre se dirigía a trabajar en un banco de alimentos cuando se detuvo para advertir a los agentes que pronto llegarían niños a una parada de autobús escolar cercana.
La defensa afirma que Jiménez intentó retirarse del lugar y que recibió un disparo por la espalda, que lo hirió en el hombro derecho.
La versión incluida en la denuncia penal federal sostiene que Jiménez movió su vehículo en dirección a los agentes y que uno de ellos disparó cuando consideró que existía una amenaza.
La congresista Norma Torres también reclamó mayor transparencia y pidió explicaciones sobre lo ocurrido, incluyendo información sobre posibles medidas disciplinarias contra los funcionarios involucrados.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio las operaciones migratorias federales en California y el uso de la fuerza durante los encuentros entre agentes y miembros de la comunidad.
