BOSTON — Una corte federal de apelaciones asestó un nuevo revés a la política migratoria de la administración de Donald Trump. El tribunal determinó que el gobierno no puede deportar rápidamente a inmigrantes hacia terceros países sin ofrecerles una oportunidad adecuada para cuestionar ese destino.
El fallo fue emitido el viernes por un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, con sede en Boston. El tribunal respaldó en gran medida una decisión anterior que había declarado ilegal la política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Migrantes deberán tener oportunidad de defenderse
La política permitía enviar a inmigrantes a países distintos de aquel del que eran ciudadanos, incluso cuando no tenían vínculos con esas naciones.
El tribunal determinó que los afectados deben recibir información suficiente sobre el país al que serían enviados y una oportunidad real para plantear posibles riesgos de persecución, tortura u otros daños.
La corte señaló que los inmigrantes deben tener una “oportunidad significativa para impugnar” la deportación hacia un tercer país.
Más de 25,000 migrantes han sido enviados a terceros países
El caso tiene especial relevancia porque la política ya había sido utilizada ampliamente por el gobierno.
Según registros citados por medios estadounidenses, más de 25,000 migrantes habían sido enviados a terceros países desde que comenzó su aplicación. Entre los destinos se encuentran México, Uganda y otras naciones.
La administración Trump había defendido estas deportaciones argumentando que el gobierno obtiene garantías diplomáticas de los países receptores para proteger a las personas enviadas allí.
Sin embargo, los jueces cuestionaron que esas garantías sean suficientes para proteger los derechos de los migrantes.
El fallo no significa que las deportaciones desaparezcan
La decisión no elimina las deportaciones desde Estados Unidos.
El punto central es otro: cuando el gobierno pretenda enviar a una persona a un país diferente de su país de origen, debe darle previamente información y una oportunidad adecuada para presentar objeciones relacionadas con su seguridad.
El fallo representa un nuevo desafío legal para la política migratoria de Trump y podría terminar nuevamente ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
Para inmigrantes que enfrentan una orden de deportación, la decisión podría ser especialmente importante si las autoridades pretenden enviarlos a un país con el que no tienen vínculos y donde consideran que podrían enfrentar persecución, tortura o peligro.
