Los migrantes a quienes se les suspendió su estatus legal podrán solicitar la revisión de sus casos tras el fallo de una juez federal de Massachusetts.

La jueza Allison Burroughs declaró ilegal la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que cancelaba el estatus legal de cerca de 900,000 migrantes. Estos habían ingresado o regularizado su situación mediante la aplicación CBP One.

El gobierno de Joe Biden aprobó la aplicación para agendar citas. Los migrantes podían solicitar asilo o permisos temporales de hasta dos años.

En su resolución, la jueza sostuvo que las autoridades migratorias tienen límites legales. Afirmó que las regulaciones no otorgan discreción ilimitada a la agencia para revocar la libertad condicional.

También señaló que las autoridades debían retirar ese beneficio conforme a la ley y sus reglamentos. Sin embargo, no lo hicieron y violaron la ley federal.

En abril del año pasado, el gobierno de Trump canceló la condición legal de miles de migrantes. Las autoridades solo les notificaron por correo que debían abandonar el país.

La jueza Burroughs enfatizó que los demandados actuaron fuera de la ley. Señaló que no respetaron el procedimiento establecido ni sus propios reglamentos.

Tras el fallo, se abre la puerta a revisiones individuales. Cada caso determinará quién mantiene su estatus legal en Estados Unidos. Las organizaciones demandantes califican la decisión como un alivio para los afectados.