SAN SALVADOR. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este miércoles la puesta en libertad del expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca.
Su libertad se concreta tras cumplir una condena de diez años de cárcel por delitos relacionados con el desvío y lavado de fondos públicos. Sin embargo, la FGR advirtió que el exmandatario todavía tiene responsabilidades económicas pendientes con el Estado.
En un comunicado oficial, la institución explicó que el caso conocido como “Destape a la Corrupción” se investigó durante la gestión del entonces fiscal general Douglas Meléndez, administración en la que también se acordó la pena impuesta a Saca.
La Fiscalía añadió que la actual administración identificó un plan atribuido a Meléndez que buscaba facilitar la liberación anticipada del exmandatario, incluso antes de cumplir la mitad de la condena. Según la institución, ese plan fue desarticulado y se adoptaron medidas para impedir que se concretara.
Las deudas de Saca con el Estado siguen pendientes
La FGR subrayó que el cumplimiento de la pena de prisión no extingue las obligaciones económicas establecidas en las resoluciones judiciales.
En el caso “Destape a la Corrupción”, Saca tiene pendiente devolver al Estado aproximadamente 260,7 millones de dólares por responsabilidad civil. Además, la Fiscalía señaló que sigue pendiente el pago de unos 3,8 millones de dólares correspondientes a una condena por enriquecimiento ilícito.
La institución también aclaró que los bienes, empresas, inmuebles, vehículos y demás propiedades sujetos a medidas estatales continuarán bajo custodia del Estado, de acuerdo con las disposiciones legales y judiciales aplicables.
Una condena por el desvío de fondos públicos
Saca gobernó El Salvador entre 2004 y 2009. En septiembre de 2018 fue condenado a diez años de prisión después de admitir su participación en hechos relacionados con el desvío de aproximadamente 301 millones de dólares de fondos públicos.
La orden de libertad fue reportada el martes 27 de octubre y la Fiscalía confirmó la la puesta en libertad un día después.
Al concluir su pronunciamiento, la FGR reafirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia y la defensa de los intereses del Estado, e instó a la población a consultar los canales oficiales para evitar la difusión de información imprecisa sobre el caso.
