Una exanalista de inteligencia del FBI asegura que el presidente Donald Trump ordenó investigar a manifestantes contra las operaciones migratorias en el área de Los Ángeles. La Casa Blanca y el Departamento de Justicia niegan las acusaciones.
Una exanalista de inteligencia del FBI en Los Ángeles denunció que el presidente Donald Trump ordenó investigar a manifestantes que protestaban contra las operaciones migratorias de su administración en el sur de California.
La denuncia fue presentada ante el Congreso por Jill Fields, exanalista supervisora de la oficina del FBI en Los Ángeles, y difundida por el senador demócrata Alex Padilla, quien pidió explicaciones al director del FBI, Kash Patel, y al fiscal general Todd Blanche.
La denuncia apunta a protestas en Alhambra
Según Fields, el caso comenzó después de una protesta realizada en Alhambra en febrero de 2025, durante las primeras semanas de la ofensiva migratoria de la administración Trump.
Los manifestantes utilizaban megáfonos para alertar a residentes sobre la presencia de agentes de inmigración y explicarles sus derechos legales.
Fields afirma que una evaluación inicial del FBI concluyó que las acciones observadas —grabar en video, utilizar megáfonos y expresar oposición verbal— estaban protegidas por la Primera Enmienda y no constituían una amenaza ni impedían los arrestos.
Sin embargo, sostiene que posteriormente recibió instrucciones para avanzar con una investigación.
De acuerdo con su denuncia, un supervisor le comunicó que la investigación continuaría porque “el presidente quiere esta investigación”.
Fields también asegura que recibió información según la cual Trump había visto un video de los manifestantes publicado en redes sociales y había ordenado al director del FBI investigar a las personas que aparecían en las imágenes.
También denuncian investigaciones contra manifestantes anti-ICE
La exanalista presentó además una segunda acusación relacionada con las protestas frente a edificios federales en Los Ángeles.
Según su declaración, el entonces subsecretario interino de Justicia, Emil Bove, habría instruido a responsables del FBI en Los Ángeles para investigar a manifestantes contra ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Fields sostiene que la orden generó preocupación dentro de la oficina porque, según su interpretación, no existía evidencia de delitos federales, amenazas a la seguridad nacional u otra base que justificara las investigaciones.
También afirmó que algunos recursos y personal del FBI fueron desviados para atender estas investigaciones.
Fields asegura que fue reasignada y luego renunció
La exanalista afirma que expresó sus objeciones sobre la legalidad de las investigaciones y posteriormente fue reasignada.
Según su denuncia, terminó abandonando el FBI después de plantear sus preocupaciones fuera de su cadena directa de mando.
Fields sostiene que la situación generó un efecto intimidatorio dentro de la agencia y que otros empleados podían sentirse presionados a no cuestionar determinadas órdenes.
La Casa Blanca rechaza las acusaciones
La Casa Blanca negó las acusaciones de Fields.
La portavoz Lauren Bis afirmó que la Primera Enmienda no protege actos violentos, obstrucción de agentes federales o agresiones contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
El FBI y el Departamento de Justicia también defendieron sus actuaciones y señalaron que investigan posibles violaciones de la ley, al tiempo que sostuvieron que la violencia no está protegida constitucionalmente.
El fiscal federal de Los Ángeles, Bill Essayli, también rechazó las acusaciones y sostuvo que las investigaciones realizadas por su oficina estaban dirigidas contra personas acusadas de obstruir operaciones federales o agredir a agentes.
Padilla exige respuestas al FBI y al Departamento de Justicia
Tras conocer la denuncia, el senador Alex Padilla pidió al director del FBI y al fiscal general información sobre las investigaciones realizadas contra manifestantes, sus resultados y cualquier participación de la Casa Blanca.
Padilla cuestionó si las agencias federales utilizaron recursos para investigar a personas únicamente por ejercer derechos protegidos por la Primera Enmienda.
La denuncia todavía representa una acusación que deberá ser investigada y corroborada. Hasta ahora, la Casa Blanca, el FBI y el Departamento de Justicia rechazan que se hayan realizado investigaciones ilegales contra personas únicamente por ejercer su derecho a protestar.
