California desafió a Donald Trump en sus intenciones de eliminar las normas ambientales más estrictas para los vehículos y otros equipos fuera de carreteras, que mantiene el estado.
Una jueza federal bloqueó el intento de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) de enviar al Congreso autorizaciones otorgadas a California, que le permiten establecer emisiones más estrictos que los federales.
Trump buscaba utilizar al Congreso para eliminar esas autorizaciones y limitar la capacidad de California para establecer sus propias políticas contra la contaminación.
Jueza bloquea intento de Trump de eliminar normas ambientales para vehículos
La jueza federal Beryl Howell, del Tribunal de Distrito de Columbia, emitió el miércoles una orden preliminar que obliga a la EPA a restaurar la situación que existía antes de que la agencia reclasificara las autorizaciones en junio.
California había demandado al gobierno federal después de que la EPA considerara esas autorizaciones como “reglas” sujetas a revisión bajo la Congressional Review Act.
La Congressional Review Act es una ley federal, aprobada en 1996, que otorga al Congreso el poder de revisar y anular las normas y regulaciones emitidas por las agencias del poder ejecutivo.
La administración Trump sostenía que las autorizaciones debían considerarse reglas y que, por esa razón, podían ser enviadas al Congreso para su posible eliminación.
California argumentó que esa interpretación era ilegal porque las autorizaciones concedidas bajo la Ley de Aire Limpio no son reglas de aplicación general.
La jueza Howell respaldó inicialmente la posición de California y determinó que la maniobra de la EPA debía ser detenida.
¿Qué está en juego?
Las autorizaciones permiten a California establecer estándares propios para reducir las emisiones contaminantes de automóviles, camiones y determinados equipos utilizados fuera de carretera.
La Ley de Aire Limpio otorga a California una facultad especial que le permite solicitar a la EPA autorización para establecer normas más estrictas que las federales. La disposición reconoce las condiciones particulares de contaminación atmosférica que históricamente ha enfrentado el estado.
Según el Departamento de Justicia de California, el gobierno federal ha concedido al estado más de 75 autorizaciones de este tipo durante más de cinco décadas, bajo administraciones tanto demócratas como republicanas.
Entre las autorizaciones cuestionadas se encuentran normas relacionadas con las emisiones de gases de efecto invernadero de los automóviles, estándares de emisiones para vehículos y modificaciones a las reglas aplicables a pequeños motores utilizados en equipos como cortadoras de césped.
Trump busca cambiar la política ambiental de California
El enfrentamiento forma parte de una disputa mucho más amplia entre Washington y Sacramento sobre el futuro de los vehículos de combustión, los automóviles eléctricos y las políticas para reducir la contaminación.
La administración Trump ha impulsado una política orientada a reducir las exigencias federales sobre eficiencia de combustible y emisiones, mientras California mantiene algunas de las normas ambientales más estrictas del país.
El gobierno federal también ha tomado medidas para revertir políticas impulsadas durante las administraciones de Barack Obama y Joe Biden y favorecer una mayor presencia de vehículos impulsados por gasolina.
La EPA sostiene que las autorizaciones de California debían haber sido sometidas al Congreso para su revisión y que la agencia estaba cumpliendo con sus obligaciones legales al enviarlas a los legisladores.
La batalla legal todavía no termina
Aunque la decisión judicial representa una victoria para California, la disputa no ha concluido.
La orden emitida por la jueza Howell es una medida preliminar, que junto a otros litigios relacionados con la capacidad de California para establecer sus propias normas ambientales continúan en los tribunales.
El estado también mantiene una batalla legal contra una decisión del Congreso que eliminó su autoridad para prohibir la venta de vehículos nuevos de gasolina después de 2035.
Por ahora, la decisión judicial permite que California mantenga el statu quo de sus autorizaciones ambientales, y evita que la administración Trump avance inmediatamente con su estrategia para llevarlas al Congreso en busca de su revocación.
Para California, el caso trasciende la regulación de automóviles: representa una disputa sobre cuánto poder debe conservar el estado para establecer políticas ambientales propias frente a las decisiones del gobierno federal.
