La Comisión Política emitió dictamen favorable para ratificar reformas constitucionales que permitirán a la diáspora tener representación en el Congreso, también para despolitizar el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a partir del 2007.
“Este día, en Comisión Política, aprobamos la ratificación de la iniciativa del presidente Nayib Bukele para que la diáspora cuente con representantes en la Asamblea Legislativa”, dijo el presidente del órgano legislativo, Ernesto Castro.
Representación de la diáspora en el Congreso
Durante dos sesiones, lunes y martes, la comisión escuchó opiniones técnicas sobre las reformas a los artículos 79 y 208 de la Constitución.
El artículo 79 establece que las circunscripciones para diputados se definen en el territorio nacional con base en la población. La reforma plantea crear una circunscripción especial para que los salvadoreños en el exterior puedan postularse como candidatos.
Aunque se mantendrán los 60 diputados, aún no está definido cómo se distribuirán los escaños de la diáspora.
Debate sobre distribución de escaños
La diputada de ARENA, Claudia Villatoro, señaló que lo más conveniente sería aumentar el número de diputados en lugar de restar representación a los departamentos.
“Si yo le saco un diputado a un departamento, estoy quitándole voz a esa población. Lo más adecuado es que la diáspora tenga sus propios representantes”, afirmó.
Ante estas dudas, Castro explicó que la distribución se definirá en reformas a leyes secundarias, como el Código Electoral.
Reformas para despartidizar el TSE
Las reformas constitucionales en El Salvador también incluyen cambios al artículo 208, que regula la elección de los magistrados del TSE.
Actualmente, tres de los cinco magistrados son propuestos por partidos políticos. Con la reforma, serán elegidos ciudadanos independientes sin afiliación partidaria.
“También votamos a favor de ratificar la reforma que permite despartidizar el Tribunal Supremo Electoral”, publicó Castro.
Los otros dos magistrados seguirán siendo elegidos a partir de ternas de la Corte Suprema de Justicia, pero también deberán ser independientes.
Los dictámenes serán enviados al pleno legislativo para su discusión y ratificación.
