El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este lunes 4 de agosto el lanzamiento de un programa piloto que exigirá el pago de una fianza de hasta 15,000 dólares a ciertos solicitantes de visas B-1/B-2 (negocios o turismo), provenientes de países con altos índices de sobreestadía, deficiencias en los procesos de verificación migratoria o que ofrecen ciudadanía por inversión sin requisitos de residencia.

La medida, establecida a través de una regla temporal final (Temporary Final Rule), estará vigente por 12 meses a partir del 5 de agosto de 2025 y se aplicará a discreción de los oficiales consulares. El objetivo del programa es evaluar la viabilidad operativa del sistema de fianzas como mecanismo para asegurar que los extranjeros abandonen el país al término de su estancia autorizada.

La política se ampara en la Sección 221(g)(3) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que autoriza exigir una “fianza por mantenimiento de estatus y salida” para garantizar el cumplimiento de los términos de la visa. Esta facultad ha existido desde hace décadas,