La Asamblea Legislativa aprobó la tarde de este martes, con 59 votos, autorizar al Gobierno del presidente Nayib Bukele, suscribir un crédito de $150 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se utilizará para controlar y disminuir las inundaciones en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El financiamiento de $150 millones forma parte de una línea de crédito por un monto de $500 millones, aprobado por el BID, en noviembre del año pasado, para la ejecución de diferentes proyectos a ejecutar en los próximos años.
Los fondos se invertirán en construir más drenajes urbanos, así como de lagunas artificiales. Estas últimas retendrán temporalmente el agua lluvia proveniente de zonas altas aledañas a la AMSS, con lo que se controlará y reducirá su velocidad y caudal, a fin de disminuir los daños por inundaciones.
Las lagunas artificiales o de laminación, como se conocen, serán construidas en la quebrada Buenos Aires, en Santa Tecla; y la quebrada Merliot, en Antiguo Cuscatlán, en el departamento de La Libertad.
Además, se rehabilitarán sistemas urbanos de drenaje en las colonias Médica, de San Salvador Centro, y Santa Lucía, en el distrito de Ilopango, del municipio de San Salvador Este; así como una bóveda en la quebrada El Piro, a su paso por debajo del bulevar Constitución.
Otra parte de los recursos se invertirán en fortalecer el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), para mejorar su gestión en lo que tiene que ver con la construcción y restauración de drenajes y todo lo relacionado a consultoría y auditoría de proyectos.
En otro tema, con 57 votos, se reformó la Ley de Presupuesto 2026 para incorporar $6,2 millones al Ministerio de Economía, que se utilizarán en la digitalización de trámites, modernización y estandarización de sistemas de inventarios en más de 20 instituciones públicas.
Con los fondos también se automatizará procesos de esas y otras entidades gubernamentales que otorgan permisos para el desarrollo de actividades comerciales por parte de empresas privadas y la implementación de la firma electrónica. Estos recursos provienen de un Préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $75 millones, aprobado en 2023.
