La Comisión Política de la Asamblea Legislativa inició este jueves el estudio de las reformas constitucionales para ratificar la prisión perpetua contra asesinos, violadores y terroristas.

Los primeros invitados fueron los miembros del Gabinete de Seguridad, Gustavo Villatoro y Francis René Merino Monroy, ministros de Seguridad y Defensa, respectivamente, quienes explicaron las razones por las que debe imponerse la cadena perpetua a esos criminales.

Villatoro aseguró que desde 2022 aumentaron los delitos sexuales y patrimoniales, mientras que los homicidios han bajado, pero que los recientes están vinculados a problemas familiares.

“Ni siquiera el arma de fuego es un elemento preponderante en los homicidios en los últimos tres años”, afirmó.

Asimismo, indicó que las condiciones agravantes de agrupaciones ilícitas pasarán a organizaciones terroristas o pandillas, cuando los sujetos tengan calidad de creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas de las estructuras criminales.

También a los integrantes de bandas criminales, que no pertenezcan a las pandillas, serán tipificadas como organizaciones terroristas, a la cuales se aplicaría la pena perpetua, agregó Villatoro.

Por su parte, Merino Monroy sostuvo que es necesario endurecer las leyes para bajar, aún más, los homicidios, que en 2025 fueron 82 lo que equivale a una tasa de 1.3 por cada 100 mil habitantes, y convierte al país en el más seguro del Hemisferio Occidental.

Diputados opinan

El presidente de la Comisión y de la Asamblea, Ernesto Castro expuso que el sistema carcelario “tenía herramientas perversas que hacían que el asesino saliera a volver a asesinar, que el violador saliera volver a violar”.

La diputada Suecy Callejas fue más dura y es de la opinión que los pandilleros nunca deben salir de prisión, porque jamás se rehabilitarán.

“No hay vuelta atrás, lastimosamente con los pandilleros esa es la realidad. No hay posibilidad de reinserción con los pandilleros, no hay posibilidad de rehabilitación”, expresó.

La propuesta de reforma incluye una revisión de la cadena perpetua e imponer penas que van de 25 a 40 año, así como una libertad controlada, como parte de reinserción «a algunos» de los condenados.

Las reformas buscan, además, anular los mecanismos legales que facilitaban dejar en libertad a los delincuentes y proteger los derechos humanos de las víctimas.

Además de la ratificación de la reforma se analizan modificaciones al Código Penal, a la Ley Penal Juvenil, a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo y a la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).

El estudio de las reformas continuará este viernes 20 con la visita del Fiscal general, mientras que el lunes 23 se recibirá a representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).