En California, Estados Unidos, las recientes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para capturar personas con estatus irregular han dejado huellas profundas no solo en las familias afectadas, sino también en la economía estatal.

Las operaciones de ICE realizadas en las últimas semanas en ciudades como Los Ángeles, Downey, Whittier, San Fernando, Van Nuys, Pasadena, Santa Ana, entre otras más han generado un efecto inmediato en diferentes sectores productivos.

Según un estudio de la Universidad de California en Merced, tras las últimas redadas en Los Ángeles, el empleo en el sector privado cayó más de un 3%, lo que equivale a la pérdida de más de 460,000 puestos de trabajo. La agricultura y la construcción han sido los sectores más golpeados, con caídas de hasta un 16% en su producción.

La ausencia de trabajadores indocumentados podría costarle a California hasta 275 mil millones de dólares anuales en actividad económica, además de una pérdida de 23 mil millones en impuestos estatales y locales.

Negocios latinos, restaurantes y tiendas en comunidades con alta población inmigrante han reportado caídas en ventas de entre el 20% y el 60%. En las escuelas de zonas agrícolas, el ausentismo supera el 20%. Más allá de las cifras, el clima de miedo paraliza comunidades y frena el consumo, la inversión y la vida diaria.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, criticó el miércoles pasado la política de represión migratoria de la administración Trump, asegurando que las redadas han tenido un impacto grave en la economía de la ciudad.

Bass advirtió que muchas familias inmigrantes, cuyos principales proveedores han sido detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), están en riesgo de caer en la indigencia.