El fiscal general de California, Rob Bonta, anunció el pasado 11 de julio su respaldo a una demanda contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos (U.S. DOJ) por imponer condiciones ilegales a los fondos otorgados bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés).

Bonta se unió a una coalición de fiscales generales estatales que presentó un escrito legal (amicus brief) en apoyo a los demandantes. El escrito legal presentado solicita una medida cautelar para restablecer el financiamiento mientras continúa el litigio, argumentando que la interrupción de estos servicios podría tener consecuencias devastadoras para las víctimas en California y otros estados.

La demanda, Rhode Island Coalition Against Domestic Violence v. Bondi, alega que el gobierno federal está imponiendo restricciones inconstitucionales al prohibir el uso de fondos para programas de identidad de género o diversidad, equidad e inclusión (DEI), lo que contradice las propias reglas del DOJ sobre no discriminación. “Estas subvenciones son un salvavidas para las víctimas. Imponer reglas confusas y motivadas políticamente pone vidas en peligro”, afirmó Bonta.

Los fondos de VAWA financian servicios esenciales como refugios, asesoría legal y apoyo a víctimas de abuso. Según los demandantes, las nuevas condiciones no solo exceden la autoridad legal del DOJ, sino que también violan las enmiendas Primera y Quinta de la Constitución, así como la Cláusula de Gastos.

El escrito legal presentado solicita una medida cautelar para restablecer el financiamiento mientras continúa el litigio, argumentando que la interrupción de estos servicios podría tener consecuencias devastadoras para las víctimas en California y otros estados.

Foto/Daniel von Appen